Según datos de la Organización Mundial del Comercio, la contratación pública representa en promedio entre el 10 y el 15% del PIB de las economías. Concretamente para América Latina, hay datos que señalan que estas compras representan casi el 9% del PIB. Ello revela la importancia que los procesos de adquisiciones pueden llegar a tener sobre el desarrollo socioeconómico y medioambiental de un país y sobre las oportunidades de crecimiento de sus empresas y, en particular, de sus pequeñas y medianas empresas.
En este sentido, son muchos ya los países, instancias de gobierno y organismos internacionales que, gracias a los avances legislativos en la materia, exigen la inclusión de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno específicamente con perspectiva de género, en la ejecución de sus contratos, de acuerdo con el marco normativo de referencia del país o comunidad.